CHILE ES UN país con una biodiversidad de enorme valor debido en especial al alto nivel de endemismo existente, es decir, el gran número de especies que habita sólo en nuestro territorio. Esta característica es foco de atención de científicos y especialistas, que señalan a algunas zonas del país como prioritarias para la conservación mundial. La protección y conservación de la biodiversidad nativa ha dejado de ser un asunto de expertos y se convierte cada vez más en un tema relevante de política pública, porque los seres humanos tenemos cada vez más conciencia de nuestro vínculo y dependencia del mantenimiento y calidad de los ecosistemas y las especies, y de cómo el daño a la biodiversidad tiene repercusiones en los fenómenos de cambio climático y calentamiento global.

Pero en lugar de proteger este valioso tesoro natural, las autoridades del país muestran cada día una total despreocupación por este tema, y pierden valiosas oportunidades para emprender acciones concretas que permitan preservar nuestra biodiversidad, incluyendo ecosistemas únicos. Por una parte, el país no cuenta con una institucionalidad única que sea responsable de la protección y cuidado de las áreas silvestres, terrestres y acuáticas, que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. El proyecto de Reforma a la Institucionalidad Ambiental, hace poco aprobado en la Cámara de Diputados, que inicia su discusión en el Senado, contempla crear un ministerio, un servicio de evaluación y una superintendencia de medio ambiente.

Pero el Ejecutivo decidió excluir la creación de un servicio de protección y conservación de la biodiversidad y las áreas silvestres protegidas, pese a que esto se contaba entre los compromisos electorales de la Presidenta Bachelet. No sólo no se cumple una importante promesa electoral, sino que se dejan de lado las recomendaciones de la OCDE en materia ambiental y el Ejecutivo pierde una oportunidad para mejorar la protección del patrimonio natural del país, pese a que se trata de una tarea urgente, pues la carencia de una institucionalidad responsable permite de manera creciente que se dañen zonas valiosas.

Otro de los grandes desaciertos de las autoridades nacionales se encuentra en la propuesta de modificaciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que pretende dar una salida a la aguda crisis por la que atraviesa la salmonicultura desde hace dos años y que se discute ahora en el Congreso. En las modificaciones propuestas por el Gobierno y acogidas por los parlamentarios se estaría legitimando el grave daño ambiental que han generado las empresas salmoneras en los canales y fiordos del sur, premiando conductas social y ambientalmente nocivas sin compensación ni para las comunidades locales ni en términos de reparación del daño a los ecosistemas marinos. Se establecen disposiciones que favorecen a la industria, pero que no contemplan ningún vínculo con la Ley 19.300, de Bases del Medio Ambiente; es decir, se legitima a la industria y no se considera el medio ambiente.

Esta reforma refleja una absoluta falta de visión de la autoridad en relación con la importancia biológica y ecológica de la zona de Chiloé-Corcovado, donde se concentra buena parte de la salmonicultura, no sólo a nivel local, sino que a una escala global, dada la importancia que tienen estos ecosistemas marinos que albergan especies tan valiosas para la humanidad como son los corales de aguas frías o las ballenas.

Éstas son sólo dos de las últimas actuaciones de la autoridad que reflejan absoluta ignorancia y despreocupación por temas tan relevantes como el cuidado y protección de la biodiversidad, cuestión que va en sentido contrario de lo que ocurre mayoritariamente en el resto del mundo. Tanto el Gobierno como los parlamentarios debieran detenerse a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de sus decisiones.

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Fuente: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090524/pags/20090524185727.html