Por R. Ahumada / J. M. Jaque
/ La Nación
Manuel
Curilem está nervioso. Nunca antes viajó a Europa y nunca antes tuvo al
frente a "gente tan preparada", pese a las incontables reuniones con
intendentes, alcaldes y seremis. "Esta gente es distinta, tiene la
disposición de escucharme porque le interesa el tema indígena", dice.
Esa gente forma parte del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de Naciones Unidas y en la sesión del 6 de agosto
a partir de las 15 horas en Ginebra, tomarán nota de lo que Manuel les
va a decir: "Voy a reafirmar la acusación de racismo ambiental contra
el Estado chileno por los basurales y las plantas de tratamiento de
aguas servidas en territorio indígena".
Dice que no es un experto y que le falta vocabulario técnico, pero
el menosprecio de la autoridad lo exaspera. Entonces, afloran las
palabras. "Chile firmó un convenio contra todo tipo de discriminación y
esto no debería ocurrir". Pero ocurre. Él lo sabe bien porque vive en
la comunidad de Ancúe que recibe 143 toneladas mensuales de basura de
Gorbea. "Este vertedero debió cerrar el 2003 y ya estamos en 2008. Eso
ilustra la preocupación que tiene la autoridad".
El escenario de Ancúe no es único: 18 vertederos de un total de 25
funcionan en territorios indígenas de la Novena Región. En el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, uno de los siete del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo saben. El 24 de agosto de
2007 llegó a la oficina del representante chileno en la ONU, Juan
Antonio Martabit, una carta con un listado de preguntas al Estado
chileno sobre el tema. Como no hubo respuestas, el Comité reiteró la
carta en enero de este año, agregó que Chile no envía informes sobre
discriminación racial desde el 2000 y dio como plazo máximo este
viernes 30 de junio. Si nadie contesta se revisará la situación de
nuestro país en la próxima reunión a realizarse entre el 28 de julio y
el 16 de agosto en Ginebra. No es todo: Manuel invitará al relator
especial de la ONU, James Anaya, para que vea la basura en que vive.
"El gobierno firma todos los acuerdos internacionales que le ponen
por delante, pero no genera modificaciones para implementarlos
internamente", apunta Lucio Cuenca, director del Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales. "Eso ha ocurrido
especialmente en materia medioambiental y de derechos humanos, que es
el caso de esta convención", agrega.
Consultados por el tema, varios personeros de Gobierno declinaron
referirse sobre la carta y la petición de la ONU. En tanto, la ministra
de Mideplan, Paula Quintana dijo que "ese tema lo está viendo la
intendenta de la novena región quien preside la mesa indígena regional-
y el equipo del Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña".
A 120 metros de una escuela
A las comunidades se les agotó la paciencia y la confianza en las
autoridades. Todavía está vivo el recuerdo de lo que pasó con la ex
intendenta Berta Belmar. "Mientras conversábamos con ella para resolver
el tema, autorizó la vida útil de varios basureros, entre ellos la
ampliación de Boyeko. Lo que hizo fue un desprecio hacia las personas
que no tienen cómo defenderse", dice Manuel. "Hay gente que está
viviendo y respirando al lado de la basura todos los días del año",
refuerza Claudio Sandoval, miembro del colectivo Acción por los
Derechos Ambientales. "En Temuco, el vertedero de Boyeko se encuentra a
120 metros de la Escuela Básica, pese a que la legislación pide como
mínimo 300. Y en otro casos, como el de Lumaco, la planta de
tratamiento y el vertedero están a 500 metros de la primera casa de la
comunidad. En Villarrica hay una planta de tratamiento de aguas
servidas que se instaló en un terreno que es patrimonio cultural. Allí
se celebró hace 100 años uno de los encuentros más grandes del pueblo
mapuche. Y reconocido esto por el Consejo de Monumentos y con una
resolución de la Corte Suprema, aun así la planta de tratamiento se
instaló acá" agrega.
Blaise Pantel, investigador del Observatorio de Derechos de los
Pueblos Indígenas, en tanto, sostiene que hay comunidades que no tienen
agua potable y que ahora reciben el agua por camión. "Las soluciones
del municipio han sido bastante básicas, como fumigar lugares o hacer
llegar el agua a los lugares donde no hay. Pero el problema de fondo no
se soluciona", explica. El tema pudo ir más lejos. En agosto de 2000
falleció Aquiles Rodrigo Epul Huitraqueo. El menor, de 4 años, vivía en
el sector Boyeko cerca del vertedero. Se cortó en uno de sus pies y fue
curado con hierbas medicinales contiguas al basural. Los padres
presentaron un recurso de protección donde atribuían la muerte del
menor a las condiciones de funcionamiento del vertedero. La Corte de
Apelaciones de Temuco rechazó el escrito. Los mapuches dicen que es la
primera víctima de la basura en tierras indígenas. Tal vez, lo es.
